lunes, 10 de mayo de 2010

LOS JUZGADOS, LOS JUICIOS Y LOS JUECES



Los juzgados, los juicios y los jueces siempre han sido noticia. Pero últimamente han ido adquiriendo una mayor notoriedad por la relevancia de algunos casos que están en la palestra política y en las portadas de la prensa. Ahí están los casos Matas o Gürtel; el Tribunal Constitucional; el caso (o más bien casos) del Juez Garzón; en Cantabria los casos de derribo o la paralización de la variante de Comillas.



Como todo, hay diferentes criterios y argumentos para cada postura, seguramente fundados. Yo, honestamente, debo confesarme absolutamente lega en la materia, por lo que, a falta de mejor juicio (nunca mejor dicho), procuro aplicar la lógica y el sentido común. Y ambos me llevan a una obviedad: a todos los ciudadanos se les debe conceder la presunción de inocencia en tanto no se pruebe su culpabilidad; los procesos a los que se les someta deben seguirse con todas las garantías del Estado de Derecho; y que, entre los ciudadanos, lógicamente, también se incluyen los jueces que cuentan con los mismos derechos y están obligados a las mismos deberes.



A los juzgadores, por su parte, les es exigible objetividad y rigor en su instrucción así como ponderación en el juicio que debe ajustarse en todo momento a las leyes; y hacerlo limpios de cualquier otra afectación ideológica, religiosa o política, puesto que son los garantes de su cumplimiento.



Creo que esto, como digo, es una obviedad y nadie lo discute. Sin embargo, aunque todos partimos de las mismas premisas cada uno de nosotros llegamos a conclusiones diferentes. No hay más que leer a diario las distintas posturas de unos y de otros, a veces enconadas y agrias. El Juez Garzón es el paradigma de la contradicción entre unas posiciones y otras: víctima de una venganza y persecución o ciudadano sujeto a las leyes sin más trastienda. La demora del Tribunal Constitucional en definir una sentencia definitiva levanta ampollas entre los nacionalistas y los partidos socialista y popular, especialmente por la no renovación de algunos de sus cargos y la ideologización de sus miembros. Las diferencias parecen irreconciliables.



En los casos de Cantabria, las sentencias han despertado desacuerdos más o menos explícitos por el perjuicio económico y social que provocan. Le siguen recursos para la revisión de las sentencias y propuestas para solucionar las irregularidades administrativas que las ocasionaron.



En definitiva de lo que se trata es de que el poder judicial, como pilar fundamental del Estado (junto al legislativo y el ejecutivo) debe actuar, por su propia naturaleza, con objetividad y valorando todas las premisas y condicionantes que entran en juego. Sin embargo, en muchas ocasiones difícilmente pueden sustraerse a presiones de todo tipo y en todos los sentidos, igual que los otros poderes. Y además, cada día con más frecuencia, también está sometido a la crítica y a la opinión pública, por poco que guste ejercer la responsabilidad bajo la lupa de todas las miradas; de igual modo que lo están Gobiernos y Parlamentos.



Como ejercicio humano que es, la justicia no es infalible. Por eso el mismo procedimiento jurídico prevé mecanismos que garantizan la posibilidad de corrección o rectificación en otras instancias.


Con todo esto quiero decir que en todo momento se deben respetar las resoluciones judiciales; que se debe dejar trabajar a la justicia en el ejercicio de su soberanía e independencia. ¡Cómo no!. Pero que también se debe aceptar como normal que los ciudadanos sometidos a ella puedan diferir de su criterio y utilicen todos los medios legales a su alcance para su defensa. Y cuando se trata de sentencias que afectan a colectivos, con mayor motivo porque las consecuencias de sus decisiones son más relevantes. Ello exige que se contemple (como seguramente así es) el bien común como consideración fundamental. Que se encuentre el equilibrio de su símbolo, la balanza, para que el edificio se mantenga sólido.

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