En los últimos años hemos sido testigos de muchos ejemplos. El ultimo, o al menos el más repetido últimamente y como casi todos, poco inocente: "las autonomías son las causantes de la deuda de España". Y decir eso es condenarlas a ser vistas como la ruina del pais. Sin embargo esta muy lejos de ser verdad.
Veamos. Datos del banco de España:
Deuda publica española total en el primer trimestre de 2012: 72,1% del PIB
Deuda de la administración central: 55,2 %
Deuda de las autonomías: 13,5 %
Deuda de los ayuntamientos: 3,4 %
Esto evidencia a las claras que lo que se esta diciendo sencillamente no es verdad. La mitad de la deuda publica española la aporta la administración central; y eso a pesar de que las competencias de mayor gasto (sanidad, educacion y servicios sociales) están en manos de las CCAA. Además es a las regiones a quienes se pide mayor sacrificio: mientras la Comisión europea ha flexibilizado las exigencias de deficit a España elevándolo al 6,3 % para este año 2012, el Ministerio de Hacienda no ha sido tan generoso con las CCAA manteniendo el limite para éstas en el 1,5%. Motivo por el que algunas de ellas, incluídas algunas del PP, han mostrado su desacuerdo con la decisión del ministerio. No así Cantabria que ha aceptado sin rechistar la decisión unilateral del Sr. Montoro.
En definitiva: la administración central por si sola es la causante de más de la mitad de la deuda española y además se reserva para ella la flexibilidad que ha concedido Europa. Por tanto aquí no tiene cabida culpar a las CCAA de arruinar el país.
Entonces ¿a que se debe este ataque sistemático y frontal contra las regiones? Se quiere convertir en una verdad a base del repetirlo por razones ideológicas, meramente políticas. Ahora se está aprovechando la difícil coyuntura del país por aquellos que nunca fueron proclives a la descentralización porque consideraban que la España de las regiones destruía la cohesión del país. Algo que, como lo anterior, es igualmente falso. Antes al contrario, el sentimiento autonomista no ha dañado el valor de pertenencia a España. En todos estos años el nacionalismo de regiones como Cataluña, Pais Vasco y en cierta medida Galicia sigue siendo el mismo de la época pre-autonomista. Y se ha demostrado que en la mayoría del territorio español conviven sin conflicto ambos sentimientos.
Todo esto no es óbice para que se deba reflexionar sobre la estructura del Estado. En tiempos de bonanza importaba menos que algunas competencias las ejercieran solapadamente por ayuntamientos, diputaciones y gobiernos regional y nacional. En estos momentos de estrechez económica es imprescindible racionalizar al máximo de forma que se optimicen los recursos con el menor perjuicio para los servicios prestados al ciudadano. Deberíamos poner en duda la utilidad de algunas administraciones como las diputaciones, por ejemplo, cuyas funciones pueden ser absorbidas por los gobiernos regionales. O coordinar los servicios de algunos pequeños ayuntamientos a través de mancomunidades. Deberíamos estudiar detenidamente la unificación de la cartera de servicios de todos los ciudadanos, independientemente de donde residan. Y también reconsiderar la pervivencia de estructuras del Estado (con directores, secretarios, funcionarios y edificios) vacías de contenido por carecer de competencias. Pero en ningún caso poner en tela de juicio la bondad de un Estado de las Regiones que ha tenido un protagonismo indudable en el bienestar del país.
En conclusión, no nos dejemos engañar con falsas aseveraciones. No permitamos que se justifiquen ajustes y recortes allí donde reside el bienestar de los ciudadanos (las CCAA) mientras se mantiene una estructura ineficaz y superflua en el Estado. Sólo por poner un ejemplo: el elevadísimo número de cambios en embajadas (embajadores, consejeros y agregados) supone un gasto que dobla el coste de prorrogar la ayuda de los 400 euros. De forma que deberemos ser muy críticos con quienes hacen acusaciones falsas e interesadas y defender lo que tanto nos ha costado conseguir.
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